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Reglamento de reparto de esfuerzos comunitario La negociación interna en la UE amenaza con devaluar el pacto climático de París

viernes, 21 de julio de 2017 | Trading

La Comisión Europea está negociando un reglamento de reparto interno de esfuerzos entre países para cumplir el Acuerdo de París que podría socavar o devaluar sus objetivos comprometidos en materia de política climática. Así lo afirma la oenegé europea Transport and Environment, crítica con las conversaciones entabladas por los países para concretar cómo dar cumplimiento al Acuerdo de Paris contra el cambio climático. Esta oenegé europea señala que se están buscando “demasiadas escapatorias” para rebajar el pacto de París. Equo, mientras tanto, ha pedido una posición más ambiciosa por parte del gobierno español.

La Unión Europea tiene como objetivo para el año 2030 recortar un 30%, respecto al 2005, sus emisiones de gases generados por las actividades generales o difusas (edificación, transporte, agricultura o residuos), un ámbito que representa el 60% del total de los gases invernadero.

(El resto de emisiones corresponde al sector eléctrico y a la gran industria, regidos por el sistema de comercio de emisiones y para el que ya acordó una reducción global del 43% para ese periodo. La suma comporta que para el 2030, las emisiones deben bajar un 40% respecto a 1990).

La reducción acordado del 30% de emisiones es un objetivo europeo, pero a cada país se le ha asignado una meta diferente para el 2030, de manera que España, por ejemplo, debe reducir sus emisiones generales un 26% para esa fecha.

Debate clave

Las instituciones europeas están debatiendo ahora cómo debe concretarse o facilitarse que los diferentes países puedan alcanzar esa meta. La oenegé Transport and Environment advierte que la combinación de “diferentes escapatorias” podría redundar en un efecto perverso, de manera que en la práctica la propuesta de reducción de emisiones del 30% podría quedarse en un recorte sólo un 26%.

¿Por qué? La reglamentación en discusión abre la puerta a amplio abanico de opciones de flexibilidad que podrían, según sus críticos, desvirtuar la esencia de lo comprometido: 1) se plantea que algunos países, que han cumplido de sobras sus metas en el periodo 2013-2020, puedan arrastrar los derechos hasta el siguiente periodo de cumplimiento (2021-2030); 2) también podrían descontarse gases de su inventario nacional contabilizando las emisiones evitadas gracias a la gestión de los bosques y los suelos, y 3) los países que lo necesitan podrían comprar anualmente a otros países derechos de emisión de CO2

Reserva de derechos de emisión, ¿arrastrarlos hasta el 2030?

En este sentido, la propuesta más polémica ha sido lanzada por la presidencia maltesa, que plantea la posibilidad de que determinados países puedan arrastrar sus derechos de emisión en el período 2013-2020, al nuevo período 2021-2030. Dicho otra manera, se plantea la opción de que los países que hayan tenido un sobrecumplimiento en el recorte de emisiones en el período 2013-2020 puedan utilizar una reserva de emisiones para este segundo período (2021-2030) si aprecian que no lograran cumplir esa meta. (Se habla de una reserva, para toda Europa, de 100 millones de toneladas de CO2, aunque España quiere elevarla a 145 millones de toneladas)

Restricciones a esta reserva

No obstante, la propuesta tiene varias limitaciones o restricciones. Los países sólo podrían acudir a esta reserva de derechos si el conjunto de la UE cumple el objetivo global del -30% de reducción en 2030 con referencia a 2005 y sólo podrían hacer uso de ella aquellos países con un nivel de renta bajo (un PIB en el 2013 inferiores a la media). “España defiende que los países que hayan hecho un esfuerzo temprano sobrecumpliendo su objetivo a 2020 partan en su senda para el objetivo a 2030 a un nivel muy inferior, de modo que se permita que las emisiones globales de gases de efecto invernadero sean mucho menores que si se hubieran limitado a cumplir el objetivo 2020”, dicen los portavoces de la Oficina Española de Cambio Climático.

En cualquier caso, la cantidad a usar en esta reserva está en debate, pero, en todo caso, sería “una reducida fracción” de las emisiones derivadas del sobrecumplimiento. “El país solicitante solo se puede beneficiar del 20% del sobrecumplimento por esfuerzos tempranos, y la suma de todas las peticiones no puede sobrepasar la reserva”, precisa la Oficina Española de Cambio Climático.

Con tantas facilidades, ¿qué opciones elegirán los países?

De esta manera, los países tendrían tres opciones para cumplir el Acuerdo de París: tomar medidas a nivel nacional para reducir emisiones y lograr sus metas con esfuerzos propios (ahorro y eficiencia de energía, fomento de renovables, cambios tecnológicos...), comprar derechos a otros países (lo que tendría un coste económico) y utilizar la referida reserva de derechos.

“Obviamente, los países elegirán esta tercera opción, que es la más barata. Pero hacerlo va en contra del principal objetivo de esta regulación. Los países no necesitarían tomar medidas para recortas las emisiones”, señala Carlos Calvo Ambel, analista de Transport and Environment. “Con esta reserva, desaparece en gran parte la motivación de los países para tomar medidas de acción climática”.

El Gobierno español sostiene, en cualquier caso, los países que usaran esa reserva en el 2030 sólo podrían hacerlo “después de haber hecho uso del resto de mecanismos de flexibilidad y siempre que no haya vendido derechos” a otros países.

Incompatible con el Acuerdo de París

Transport and Environment sostiene, sin embargo, que la posibilidad de arrastrar los derechos (algo que no estaba previsto en el acuerdo de la UE aprobado en el 2014) es incompatible con el Acuerdo de París, que se planteó como meta contener el incremento de temperaturas para evitar un subida de 2º C respecto a la de la época preindustrial y perseguir los esfuerzos para que no rebase 1,5º C.

“Lo peor de esta propuesta es que no encaja con la trayectoria para lograr reducciones de entre el 80% y el 95% para el 2050”, añade Calvo Ambel. Este experto sostiene, además, que la solución no es positiva para los países con menos PIB, pues intensifica la brecha con los más desarrollados. “Los países ricos tendrán incentivos para seguir invirtiendo en la descarbonización de su economía y fomentar la innovación, lo que redundará en un aire más limpio en sus ciudades y menos pobreza energética. Además, estarán en condiciones de poder vender sus productos”.

Italia y España serían los países que tendrían más excedentes de derechos para el período 2013-2020, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. La crisis en estos países hizo que hayan reducido sus emisiones, lo que les lleva por una senda que les permitiría cumplir su meta sin apenas hacer esfuerzos (España debía recortar las emisiones difusas un 10% en el 2020 respecto a 2005).

Senda de cumplimiento

Un punto clave en la negociación será determinar en qué momento se pone en marcha el contador de las reducciones de gases, pues esto puede condicionar los esfuerzos climáticos que haga cada país. La negociación entre países asignará a cada nación un volumen de emisiones anuales (o presupuesto de carbono). Y si un país rebasa su presupuesto de carbono, puede comprar los permisos a otros países que tengas permisos de sobra.

La Comisión ha propuesto fijar como punto de partida las emisiones medias entre los años 2016 y 2018, y luego dibuja una línea recta hasta el 2020, de manera que es a partir de esa fecha cuando se inicia trayectoria de descenso obligatoria para cada país hasta el 2030.

Aclarar este punto es clave. El problema es que como la tendencia de las emisiones de CO2 proyectadas se sitúa por debajo de la senda autoimpuesta por la CE (hasta el año 2025, más o menos), el resultado es que se generaría un excedente de emisiones muy grande en el primer quinquenio y que podrían ser utilizadas como permisos por los países a partir del 2025.

Dicho de otra manera, sin hacer esfuerzos reales de reducción de emisiones con medidas climáticas, los gobiernos ya cumplirían sus metas hasta el 2025, puesto que las trayectorias tendenciales de las emisiones ya marcan un descenso.

España, por su parte, que ha cambiado su postura en este punto, “ve con simpatía que se sea más estricto aún, de manera que si el objetivo del país a 2020 está por debajo de esta media, se adopte como punto de arranque este objetivo”, dice la Oficina de Cambio Climático.

Transport and Environment sostiene que, al retrasarse el punto de arranque al 2020 el resultado es que el recorte total de emisiones sería de 493 millones de toneladas hasta el 2030. Por eso, propone que el punto de inicio sea el 2017, con lo que, al final, habría un recorte real de emisiones de 1.025 millones de toneladas. España prevé, según sus estimaciones, tener un déficit de derechos a finales de este período (2030), lo que abre la puerta a hacer uso de los mecanismos de flexibilidad. En cambio, las previsiones de la CE sostiene que no los necesitará.

El papel de los bosques

Otro asunto clave es el papel de los bosques, que actúan como sumidero que fija y neutraliza el CO2 de la atmósfera. La propuesta de la Comisión permite que en los inventarios de gases de cada país se resten las emisiones evitadas por los bosques, con un tope. Para este concepto, la Comisión es favorable a un reparto de 280 millones de toneladas de CO2 para el conjunto de la UE en el período 2021-2030.

“España apoya la propuesta de la Comisión que asigna a nuestro país un tope de 29 millones de toneladas de CO2 en sumideros para ser usados en valor acumulado en todo el periodo, siempre que se justifiquen en los inventarios sumideros por encima de esta cifra”, dice la Oficina Española de Cambio Climático. Además, se establece un nivel de referencia forestal para los bosques ya existentes, de manera que solo se contabilizan absorciones por encima de este nivel de referencia. “La clave es cómo se establece ese nivel de referencia, y hay enormes discusiones para fijar este reglamento” (LULUCF, en la jerga), dicen fuentes bien informadas.

Otra puerta de “flexibilidad”

Finalmente, está en debate otra fórmula para facilitar el objetivo del -30%. A ciertos países se les permitirá que puedan echar mano de del excedente de permisos que puedan tener el sector energético y de la gran industria -sujeto al comercio de emisiones-, que podrían servir para cubrir la generación excesiva de gases en las actividades generales (sector difuso). Por el momento, esta prerrogativa solo la tendrían los países “ricos”: Bélgica, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Austria y Suecia, aunque con un límite (100 millones de tn de CO2) .

Transport and Environment aceptaría la polémica propuesta de arrastrar las reservas de derechos hasta el 2030 con varias condiciones: que el arranque de la contabilidad se inicie en el 2017; que sólo se pueda hacer uso de ella tras utilizarse los mecanismos de flexibilidad (pero no la permisos de emisiones a otros países), o condicionarla a la aplicación de estrategias nacionales de lucha contra el cambio climático que demuestren que los países han invertido sus mejores esfuerzos en reducir realmente sus emisiones.

Equo pregunta y critica la posición de España

La coportavoz de Equo, Rosa Martínez, y diputada de Unidos Podemos ha registrado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a defender una postura más firme en las negociaciones en el seno de la Unión Europea sobre el reglamento de reparto de esfuerzos.

La proposición busca apoyar una meta climática más exigente para 2030 y un objetivo del 95% de reducción de emisiones para 2050 (actualmente se baraja una horquilla de entre el 80 y el 95%). “El apoyo al Acuerdo de París que ha declarado la Unión Europea debe traducirse en objetivos de reducción de emisiones ambiciosos. Ni las directivas de renovables y eficiencia, ni este reglamento están a la altura política del momento. Se están anteponiendo los intereses económicos a los intereses de la ciudadanía de iniciar cuanto antes una transición ecológica justa y democrática de nuestra economía”, señala Martínez.

La proposición insta a eliminar la posibilidad de utilizar créditos forestales para permitir más emisiones de gases de efecto invernadero en otros sectores difusos. “Hay que tener en cuenta que estos sectores no sólo absorben, sino que también emiten carbono: cuando un árbol crece secuestra temporalmente el CO2, y cuando muere o se retira o termina quemándose, libera el CO2 de vuelta a la atmósfera”, recuerda.

Limitar la reserva

Igualmente, la propuesta pide limitar el tamaño de la reserva, pues “desincentiva que los países tomen medidas ambiciosas para reducir sus emisiones”, añade. Mientras la presidencia maltesa sugería 70 millones de tn de CO2 como tamaño de la reserva, España pidió que tuviese un tamaño de 140 millones de CO2. Por su parte, el Parlamento Europeo ha votado 90 millones.

“La cantidad que pide España parece realmente excesiva, ya que es equivalente a las emisiones de 100 millones de coches durante un año. Sobre todo, esa cantidad parece fuera de contexto para un país que quiere estar a la vanguardia del compromiso en la lucha contra el cambio climático” ha declarado Martínez.

 

Source: La Vanguardia